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Mayan Lives Mayan Utopias
Elizabeth Monasterios, University of Pittsburgh

MAYAN LIVES, MAYAN UTOPIAS. THE INDIGENOUS PEOPLES OF CHIAPAS AND THE ZAPATISTA REBELLION, Ed. Jan Rus, Rosalva Aida Hernández Csastillo, and Shannan L. Mattiace. Rowman & Littlefielf Publishers, Inc., 2003.

La bibliografía existente sobre el zapatismo y la rebelión del 1 de enero de 1994 es amplia y abundante. Pocos, sin embargo, son los análisis que desde un activismo académico historizan la situación de los pueblos indígenas de Chiapas en el momento de la rebelión. El libro que se reseña ofrece precisamente este tipo de análisis. Como proyecto de investigación surgió en 1997 cuando sus editores (Jan Rus, Rosalva Aída Hernández Castillo y Shannan L. Mattiace) presentaron en LASA-Guadalajara dos paneles bajo el título "The Indigenous Peoples of Chiapas in the Wake of the Zapatista Rebellion". De esos paneles derivó la publicación de Tierra, Libertad y Autonomía: Impactos regionales del Zapatismo (2002), versión española del libro que ahora reseño. El propósito de quienes lo editaron fue historizar la insurgencia zapatista a partir del planteamiento de preguntas muy concretas: ¿quiénes fueron los rebeldes? ¿cuál fue el origen histórico de sus demandas? ¿qué proyecciones tuvo -y todavía tiene- la insurgencia de Chiapas?

Para responder estas preguntas los editores convocaron a un grupo de académicos y activistas sociales que desde experiencias personales de campo y perspectivas disciplinarias distintas (antropología, lingüística, historia y ciencias políticas) ofrecen interpretaciones des-centralizadas del ciclo rebelde de Chiapas. En contra de una percepción homogénea de la insurgencia (acto monolíticamente coordinado desde intereses y dirigencias centralizadas), este libro destaca su carácter pluriétnico, multicultural, multi-estratégico y multi-posicionado, como también la complejidad histórica y política que lo cruza y perfila como escenario en el que se construyen y debaten los destinos de nuevas sociedades en México.

Formalmente, el libro está dividido en tres partes que abordan el ciclo rebelde de Chiapas desde las distintas perspectivas de sus protagonistas a lo largo de treinta años. Los ensayos de la primera parte (tres en total) estudian el caso de las comunidades de tierras altas que aferradas a sus tradiciones, y leales al oficialismo estatal, no se integraron a la rebelión, aun cuando ésta afectó y cambió el rumbo de sus vidas. En contraste, los tres ensayos de la segunda parte se enfocan en el estudio de comunidades que negociaron sus identidades tradicionales (abandonando sus pueblos de origen, acomodándose a nuevas formas de vida, etc), se integraron a la lucha zapatista, y dieron paso a la constitución de organizaciones indígenas independientes. Finalmente, los ensayos de la tercera parte abordan el fascinante tema de la lucha por las autonomías indígenas, que supone un cambio radical en la historia de las relaciones entre el Estado mexicano y el campesinado.

En conjunto, los nueve ensayos van mostrando hasta qué punto la insurgencia de Chiapas fue el desenlace social de una larga historia de política económica neocolonial implementada en la región desde fines del siglo XIX, cuando el boom de productos agrícolas en el mercado mundial convirtió al empobrecido estado de Chiapas en el granero de México. En poco tiempo la inversión privada, la expropiación de tierras comunales y la explotación de mano de obra indígena convirtió a Chiapas en productor del 4 ó 5% del ingreso anual por exportaciones de productos agrícolas como el café, azúcar, frutas tropicales, maíz, frijoles, etc. Esta economía de plantación afectó a la totalidad de comunidades indígenas asentadas en la región, desde los Tzotzil, Tzeltal y Ch'ol de las zonas altas hasta los Tojolabals y Mams del sur, y los mayas de la selva Lacandona. Todos tuvieron que organizar sus vidas alrededor de las demandas económicas y desterritorializaciones culturales que imponía el mercado de la agricultura. Ni la Revolución de 1910 ni la reforma agraria de 1930 lograron alterar la continuidad de este modelo económico de plantación que si bien producía fuentes de trabajo para los mayas mexicanos, no resolvía el estado de pobreza en que vivían ni la permanente condición migratoria que imponía el cambiante ritmo de las cosechas y la constante lucha por la sobrevivencia. En los años que siguieron a la revolución, el estado mexicano entendió la necesidad de dar soluciones prácticas al descontento popular que había creado medio siglo de economía de plantación. Para ello, el gobierno de Lázaro Cárdenas activó una política de corporativismo estatal cuyo órgano fundamental fue la Confederación Nacional Campesina (CNC), institución que a cambio de créditos y subsidios agrícolas selló alianzas estratégicas entre el Estado y el campesinado, garantizando una pacífica continuidad del modelo económico de plantación.

El acontecimiento que finalmente paralizó esa economía de plantación en Chiapas fue la crisis económica de la década del 60 (alza en los precios de carburantes y fertilizantes, alza de intereses para el crédito agrario, incremento en el costo de exportaciones, pérdida de demanda de productos agrícolas), que provocó un acelerado retiro de inversiones en la región y el ocaso de un ciclo estatal marcado por el mercado de exportación agrícola. Incapacitado para asumir un cambio estructural tan radical, el Estado mexicano y su organismo mediador, la CNC, no pudieron contrarrestar el estancamiento económico y la crisis de desempleo que asoló a la región, dejando a más de 400.000 mayas mexicanos y guatemaltecos (estos últimos emigrados a Chiapas en busca de fuentes de trabajo) sin posibilidades de sobrevivencia.

En respuesta a esta doble crisis (la del modelo económico de plantación y la del corporativismo estatal), las comunidades indígenas de Chiapas reaccionaron de distintas maneras y con distintas racionalidades. Algunas (como las comunidades de tierras altas de los Tzotzils, Tzeltals, Ch'ols y Mams que se analizan en los ensayos de Ruz y Collier, Hernández Castillo y García) se aferraron al ideal corporativista y, pese a las fracturas internas, divisiones políticas y conflictos étnicos que generó la crisis económica, prefirieron mantenerse leales al gobierno y al modelo corporativista estatal. En estos casos las luchas sociales, étnicas y culturales por los derechos indígenas se articularon desde agencias locales sin perfil político autónomo.

Radicalmente distinta fue la reacción del campesinado migrante (abordado en los ensayos de Mattiace, Eber, y Leyva Solano), que desplazándose masivamente desde el centro y sur del estado de Chiapas se congregó en la zona norteña de Las Cañadas, en la selva Lacandona --que luego se convertiría en centro de operaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y parte central de la llamada "zona de conflicto". Allí se formaron nuevas colonias de agricultura y se desvaneció para siempre el monopolio del Estado mexicano sobre los campesinos. Entre 1970 y 1980 estos campesinos relocalizados empezaron a movilizarse en torno a organizaciones independientes con liderazgo indígena, como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y la poderosa Unión de Uniones (UU), que en el momento de la insurrección zapatista era la organización regional con mayor capacidad de convocatoria. En medio de esta efervescencia política, el Estado mexicano aplicó, en 1982, un reajuste estructural que autorizó la entrada de la economía neoliberal y fracturó para siempre el ya debilitado pacto entre los campesinos y el Estado. Los efectos de este nuevo modelo económico fueron devastadores para las regiones rurales y determinantes para la adhesión de miles de indígenas a la causa zapatista, que finalmente se alzó en rebelión el 1 de enero de 1994.

Como acertadamente observan los editores de este libro, nadie que conociera a fondo la historia de Chiapas podía haberse sorprendido del estallido rebelde. Lo que no se llegó a dimensionar fue el alcance y la repercusión del zapatismo, cuyas demandas de autonomía indígena, ciudadanía étnica y sociedades pluriétnicas, iniciaron el largo camino de las demandas anticoloniales en el seno mismo de la hegemonía neoliberal y el modelo estatal monocultural.

Cómo manejó el Estado mexicano estas demandas, y cómo se desarrollaron las negociaciones, diálogos y acuerdos con los zapatistas, es materia que se aborda en la tercera parte del libro con los ensayos de Burguete Cal y Mayor, Aubry, y Esteva. Allí se va mostrando hasta qué punto el fracaso de las negociaciones, el incumplimiento de acuerdos y la movilización armada sobre Chiapas fue consecuencia de la situación de asimetría en que se realizaron tanto el diálogo de San Cristóbal de las Casas (febrero de 1994), como los Acuerdos de San Andrés (febrero de 1996). Mientras los representantes del gobierno percibían las demandas zapatistas como síntomas de subdesarrollo, marginalización y pobreza, los zapatistas planteaban una profunda reestructuración del sistema político, jurídico y económico del Estado mexicano y exigían el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, era evidente que no existía (no podía existir) acuerdo unánime en las demandas zapatistas. Diferencias ideológicas, religiosas, regionales y de género, hacían muy difícil la formulación de una propuesta única y válida para todas las regiones, comunidades, ejidos, sindicatos y organizaciones autónomas en rebelión.

La masacre de Acteal, perpetrada en diciembre 1997 por grupos paramilitares, y la incapacidad del gobierno de Zedillo para asumir un diálogo político con las dirigencias rebeldes, contribuyó a la histórica derrota del PRI en las elecciones del 2000. Cinco días después de asumir el poder, el nuevo presidente electo (Vicente Fox) aseguró a los votantes que resolvería el conflicto zapatista en "15 minutos". Pero la discusión de las autonomías y los derechos indígenas que planteaban los zapatistas apuntaba a reformas constitucionales que enfrentaron al Estado mexicano a un movimiento social en proceso de construir su independencia del Estado y del aparato político federal. Al margen de que el gobierno lo aprobara o no, se inició en Chiapas la consolidación de espacios autónomos en los que muchas comunidades y municipalidades rebeldes empezaron a autogobernarse en medio de los constantes asedios del Estado (que desconocía esas autonomías), y en medio también de constantes disputas y divisiones internas entre dirigentes y bases zapatistas.

Esta complejidad en el seno mismo del zapatismo, esta falta de resolución política a corto plazo, junto a la inconmensurabilidad de los hechos, lleva a los editores de este libro a leer la insurreción zapatista bajo el signo de la "utopía", estableciendo que en Chiapas "los indios han hecho valer su derecho a soñar utopías no porque sus sociedades sean utópicas, sino porque ellos --como el resto de la gente-- tienen derecho a pensar e imaginar futuros alternativos" (Matiacce, 185-6. La traducción me pertenece).

Al margen de la coherencia argumentativa de este planteamiento, creo que asumir los reclamos indígenas como "utopías para imaginar futuros alternativos" debilita la gestión política del zapatismo. Impide apreciar que detrás de la lucha por las autonomías actúa --más que un pensamiento utópico-- una conciencia descolonizadora con capacidad de direccionar el rumbo de los movimientos sociales, de construir un discurso étnico por encima de un discurso de clase, y de enfrentar a la formación republicana a la crisis más profunda de su historia. También debilitador resulta pensar que las demandas zapatistas puedan resolverse una vez que el Estado legalice el derecho a las autonomías regionales y certifique el autogobierno indígena de acuerdo a sus propias "tradiciones y costumbres". De producirse, el autogobierno indígena funcionaría en base a sistemas políticos, jurídicos y culturales válidos únicamente para los indios, y autorizados como estrategia de contención de los conflictos sociales, cuando lo realmente creativo sería lo contrario: que los sistemas políticos, jurídicos y culturales indígenas puedan formar parte de la constitución política de un Estado mexicano verdaderamente multiétnico y pluricultural.

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